Trueque político: Aprueban 17 días más para el Estado de Emergencia

 

La prolongación del esta­do de emergencia debido al Covid-19, que conclui­rá ahora cinco días antes de las elecciones presiden­ciales y congresuales del 5 de julio, fue el resultado de una negociación llamada 30 por 17, donde se involu­craron diputados del oposi­tor Partido Reformista So­cial Cristiano (PRSC).

La extensión entrará en vigencia mañana y con­cluirá el 30 de este mes, o sea, dos días antes de que se cumpla el límite pa­ra que los candidatos pre­sidenciales y legislativos puedan hacer campaña electoral según lo estable­cido en la ley 15-19 sobre Régimen Electoral.

Grave error histórico
Ayer el expresidente Leonel Fernández, candi­dato presidencial de Fuer­za del Pueblo y aliado del PRSC, calificó la aproba­ción de la extensión del estado de emergencia co­mo un grave error histó­rico, ya que el país se en­cuentra en la última fase de la campaña electoral que significa libertad de movimientos, libertad de contactos, libertad de ex­presión, mientras que la decisión significa restric­ción de libertades.

Fernández aseguró que la aprobación fue desafor­tunada y que no se hizo por la salud de la gente, si no por razones políticas elec­torales. donde no se estuvo a la altura de las circunstan­cias.

La explicación del dip­tuado reformista Pedro Bo­tello a su salida de la sesión de la Cámara de Diputados fue que “el PRSC tenía que buscar un aliado para eso, nosotros negociamos con el Gobierno, así de simple, el 30% de las AFP y extensión del plazo de emergencia na­cional”,

Botello había denuncia­do hace una semana que el gobierno ofreció más de 100 millones de pesos a cuatro diputados, a cambio de que aprobaran la exten­sión por 17 días del estado de emergencia solicitado al Congreso por el Ejecutivo.

Ayer los legisladores del Partido de la Liberación Do­minicana (PLD), aunque no son mayoría en esa cámara, lograron convencer a varios diputados del PRSC en una accidentada sesión, con el compromiso de que vota­rán a favor del proyecto de ley que liberaría el 30% del acumulado de cada traba­jador en las Administrado­ras de Fondos de Pensiones (AFP).